La entrada en vigor en abril de los principales desarrollos de la Ley 1/2025 contra el desperdicio alimentario supone el paso de la teoría a la práctica. Tras un año de adaptación, las obligaciones clave ya son exigibles, con inspecciones activas y sanciones relevantes.
Desde este mes, todas las empresas de la cadena alimentaria —incluidos distribución, hostelería y restauración— deben contar con un Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario. Este plan deja de ser formal y pasa a ser operativo: debe identificar puntos de generación de mermas, establecer medidas concretas, incluir indicadores y contemplar revisiones periódicas. No disponer de él puede implicar multas.
También entra en vigor la jerarquía de prioridades en la gestión de excedentes: primero prevenir, después destinar al consumo humano y, solo como última opción, a otros usos como alimentación animal. Este principio impacta directamente en la operativa diaria del sector.
Otro eje clave es la obligación de formalizar acuerdos de donación con entidades sociales, garantizando recogida, transporte y trazabilidad. Además, se eliminan las barreras contractuales a la donación, al declararse nulas las cláusulas que la limiten.
El control se refuerza con inspecciones desde abril y sanciones que pueden alcanzar los 500.000 euros en casos graves. El objetivo es reducir a la mitad el desperdicio en retail y consumo para 2030.
En la práctica, muchos retailers ya habían avanzado en esta dirección. Carrefour ha impulsado iniciativas como zonas de productos próximos a caducar y la venta de frutas y verduras "imperfectas". Alcampo combina analítica avanzada para ajustar pedidos con acciones en tienda y acuerdos con bancos de alimentos. Lidl destaca por sus "bolsas antidesperdicio", mientras que Eroski lleva años desarrollando programas de "desperdicio cero" basados en donaciones y colaboración social.
La tecnología también juega un papel clave. Plataformas como Too Good To Go permiten vender excedentes a precios reducidos, mientras que herramientas digitales de gestión de donaciones mejoran la trazabilidad y eficiencia.
La gran novedad de la ley no son tanto las medidas como su obligatoriedad. Lo que antes era diferenciador pasa a ser un estándar mínimo, con un fuerte énfasis en medición y control. El reto ahora es integrar estas prácticas en toda la operativa, pero también representa una oportunidad para ganar eficiencia, avanzar en sostenibilidad y conectar con un consumidor cada vez más concienciado.
Fuente: Foodretail.es
