La entidad afirma que el pequeño productor saldrá perjudicado en situaciones de crisis con esa regulación

La patronal citrícola rechaza la ley del Gobierno que fija ‘precios mínimos’ para los agricultores

La Ley de la Cadena Alimentaria, concebida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para corregir abusos comerciales, mejorar el funcionamiento del sector y garantizar rentas mínimas a los agricultores ante los desplomes de precios en origen que se producen desde hace décadas –y que sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados–, continúa suscitando dudas entre los operadores de mercado; entre ellos, el Comité de Gestión de Cítricos (CGC).

Según la entidad, fijar en los contratos de compraventa de las naranjas y mandarinas en el campo un precio al menos igual a su coste de producción (el llamado "coste efectivo de producción", según el anteproyecto de la citada ley) "penalizará a los citricultores pequeños que, por lógica economía de escala, tienen costes más altos y los llevará a no poder vender su producción en situaciones frecuentes de crisis de precios".

En ese sentido, la organización recuerda que dicho colectivo de propietarios de explotaciones de zonas de minifundios –la inmensa mayoría del tejido agrario de la Comunitat Valenciana, más intensivo en mano de obra, con los costes salariales más altos y el más afectado por el abandono del cultivo de cítricos– saldrán perjudicados porque la fruta podría quedar en los árboles en situaciones de desequilibrios de mercado y se importará más de países con menores costes, donde no se fijan precios de referencia en el campo.

El CGC, que se suma así a la petición del sector platanero (Asprocan) al solicitar también la excepcionalidad para los cítricos cuando entre en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, considera "perjudiciales" para la competitividad del sector agrario y la defensa de la renta de todos los productores algunos aspectos de esta nueva norma.

La patronal naranjera destaca tres asuntos: la obligación de respetar en los contratos el coste efectivo individualizado de producción del vendedor; que la ley no obliga a respetar los contenidos del contrato a los socios de entidades asociativas, lo que implica que no tienen garantizado en las liquidaciones el coste efectivo de producción; así como la no destrucción de valor en la cadena, entendida como que cada eslabón tiene que vender a un precio superior al de compra.

Según Inmaculada Sanfeliu, si las empresas que compran cítricos "tienen que respetar un coste efectivo interno (de los agricultores), independientemente de las condiciones de los mercados globalizados, la nueva ley beneficiará a nuestros competidores de terceros países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Turquía o Israel, entre otros, a los que estamos concediendo una baza importante. Estos territorios –apunta– no tienen ningún 'coste efectivo de producción' que respetar, gozan de unos costes de producción y unas exigencias sociales, laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria muy inferiores a los nuestros y exportan a la UE sin aranceles".

 

Fuente: levante-emv.com


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