La campaña citrícola en Castellón atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años, marcada por la inestabilidad productiva, la presión de los mercados internacionales y una creciente fragilidad empresarial en el sector.
En los últimos meses se han producido situaciones críticas en varias empresas dedicadas a la recolección y manipulación de cítricos en la provincia, como Cítrics de Nules o Peris Agost, en Almassora. A estos casos se suma el de Agribur, una de las compañías de mayor volumen del sector, con sede en la Vall d'Uixó, que el pasado año entró en concurso de acreedores.
Con el arranque de 2026 se han producido avances relevantes en este procedimiento concursal. El Juzgado de lo Mercantil de Castellón ha establecido el régimen de intervención de las facultades de administración y disposición del patrimonio de la empresa, que pasan a ser ejercidas por el administrador concursal designado, Alejandro Baeza, especialista en este tipo de procesos.
Un edicto judicial fechado el 28 de enero recoge la apertura de un plazo de un mes para que los acreedores comuniquen los importes que la mercantil mantiene pendientes. El documento precisa que la comparecencia en el procedimiento deberá realizarse mediante representación legal, salvo en los supuestos previstos para trabajadores y administraciones públicas.
Según se informó el pasado verano, la deuda de Agribur ronda los 30 millones de euros. La situación derivó en la activación de un expediente de regulación de empleo que afectó a la totalidad de la plantilla, compuesta por 433 trabajadores de la propia empresa y otros 200 de Store Merch, firma especializada en el manipulado de naranja y mandarina sin hoja.
Entre los acreedores figuran no solo entidades financieras y empleados, sino también agricultores de la comarca de la Plana Baixa. Una quincena de productores reclama el pago de la campaña anterior, con importes pendientes que oscilan entre los 20.000 y los 30.000 euros por explotación.
La organización agraria La Unió anunció el pasado 12 de junio que presta asesoramiento a un grupo de afectados. Desde la entidad señalaron que algunos agricultores firmaron contratos de compraventa incluso después de que la empresa hubiera solicitado el preconcurso, lo que, a su juicio, podría evidenciar un desconocimiento de la situación económica real de la mercantil en el momento de formalizar los acuerdos.
Antes de la crisis, Agribur manejaba volúmenes cercanos a los 30 millones de kilos anuales. Según La Unió, la compañía acometió recientemente una importante inversión para ampliar su capacidad productiva mediante fórmulas de financiación ajenas a la banca tradicional, una estrategia que estaría en el origen de su actual situación financiera.
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
