El proceso de formalización de siembras de banano no autorizadas en Ecuador, que debía extenderse hasta diciembre de 2026, quedó suspendido tras la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por varias asociaciones de productores ante la Corte Constitucional. La acción legal fue ingresada el 11 de febrero y busca impugnar el Decreto Ejecutivo 231, que había autorizado el registro de plantaciones irregulares.
El decreto, emitido en noviembre de 2025, reformó la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación, permitiendo que hasta el 31 de diciembre de 2026 se puedan registrar siembras no autorizadas ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). Las plantaciones inscritas debían pagar una multa de 150 salarios mínimos vitales generales por hectárea sembrada, equivalente a 600 dólares, y quienes registren siembras durante 2026 deberán además abonar una tarifa adicional de 4.820 dólares por hectárea, según el SBU vigente.
El sector bananero se encuentra dividido ante esta medida. Desde el lado exportador, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec) respalda la formalización, señalando que hasta la fecha se han recibido solicitudes para registrar casi 15.000 hectáreas, equivalentes al 75% del total estimado por el decreto. Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, argumenta que la medida es necesaria para ajustar la oferta nacional a la demanda internacional, consolidar inversiones y generar empleo y divisas.
Por su parte, asociaciones de productores pequeños y medianos, como la Asociación de Bananeros del Oro, AsoProamun y la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe), cuestionan la legalidad del decreto. Según su presidente, Segundo Solano, permitir la inscripción abierta hasta diciembre de 2026 podría favorecer la regularización de decenas de miles de hectáreas adicionales, desplazando la producción de pequeños y medianos agricultores, especialmente en la provincia de El Oro.
El Acuerdo Ministerial 132, emitido en diciembre de 2025, detalló los procedimientos y sanciones para el registro de plantaciones no autorizadas y precisó que solo se aplicará a siembras anteriores a la emisión del Decreto Ejecutivo 231. Mientras tanto, el sector productor espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que definirá si el proceso de formalización puede continuar o queda invalidado.
Fuente: eluniverso.com
