El Gobierno de Brasil ha anunciado un refuerzo de las medidas para garantizar el cumplimiento de las tarifas mínimas de transporte por carretera, en un contexto marcado por el encarecimiento del combustible derivado de la inestabilidad en los mercados energéticos internacionales.
El ministro de Transportes, Renan Filho, explicó que se ampliará el control electrónico de los contratos de transporte de mercancías y se intensificarán las inspecciones sobre el terreno. Además, las empresas reincidentes en el incumplimiento de estas tarifas podrían ser inhabilitadas para contratar servicios logísticos.
Según el Ejecutivo, estas actuaciones responden a las demandas del sector del transporte, en un momento en que los precios del petróleo han experimentado fuertes subidas vinculadas al contexto geopolítico en Oriente Medio, lo que ha incrementado los costes operativos, especialmente el gasóleo.
El objetivo de estas medidas es preservar la rentabilidad de los transportistas y evitar un posible paro nacional del sector. El precedente de la huelga de camioneros en Brasil de 2018, que provocó importantes disrupciones económicas y desabastecimiento, sigue siendo un factor de referencia para las autoridades.
En este contexto, el Gobierno también ha advertido a grandes compañías —entre ellas BRF, Vibra, Raízen, Ambev y Cargill— por su historial de sanciones relacionadas con el incumplimiento de la normativa vigente en materia de fletes.
Paralelamente, el Ministerio de Finanzas, encabezado por Fernando Haddad, trabaja en una propuesta para permitir a los estados reducir el impuesto sobre el combustible (ICMS), con el fin de mitigar el impacto de la subida de precios. La iniciativa contempla, entre otras medidas, la exención temporal de este impuesto para las importaciones de gasóleo hasta finales de mayo, con un coste estimado de unos 1.500 millones de reales mensuales tanto para los estados como para la administración federal.
Estas actuaciones se suman a decisiones recientes como la reducción de impuestos federales sobre combustibles y la introducción de un gravamen a las exportaciones de crudo para compensar la pérdida de ingresos públicos. En conjunto, estas medidas buscan contener el precio del gasóleo, con una rebaja estimada de hasta 0,64 reales por litro para el consumidor final.
El sistema de tarifas mínimas de transporte, implantado tras la crisis de 2018, establece un precio base para los servicios de transporte en función de los costes operativos y se revisa periódicamente como herramienta de protección para los camioneros frente a la volatilidad del mercado.
Fuente: bloomberglinea.com
