The Kiwifruit Claim dice que una victoria en el Tribunal Superior permitirá que se rindan cuentas ante los productores de kiwis de Nueva Zelanda, pues muchos se vieron gravemente afectados o arrasados por la Psa-V en 2010.
El Tribunal Superior de Nueva Zelanda abrirá el juicio de 12 semanas el próximo mes para decidir si el Ministerio de Industrias Primarias es responsable de dejar entrar esta destructiva cepa al país con sus medidas de bioseguridad. Son 212 los demandantes que buscan compensación por las significativas pérdidas sufridas por los productores de kiwi y el sector, tras el brote en noviembre de 2010.
"Hubo productores que desaparecieron y se vieron sin cultivos y con un valor de los huertos que caía en picado; perdieron sus negocios y se vieron obligados a vender a precios con fuertes descuentos", explica John Cameron, presidente de The Kiwifruit Claim, unión de los demandantes en esta causa.
Un informe de 2012 elaborado por Sapere Research Group estimaba que el coste de la Psa-V a la industria neozelandesa en los próximos 15 años alcanzaría los 885 millones de dólares.
"Un veredicto favorable permitiría que se rindieran cuentas ante los productores de kiwi y garantizaría que, si hubiese habido daños causados por la negligencia del Ministerio de Industrias Primarias, este aceptara su responsabilidad económica", añade Cameron. "También deseamos que este tipo de crisis no vuelva a ocurrir y por eso queremos asegurarnos de que el Ministerio de Industrias Primarias haga su trabajo de bioseguridad de forma responsable y transparente".
En la demanda, encabezada por Seeka Kiwifruit Industries y Strathboss Kiwifruit Limited, se dice que 1.226 huertos de kiwi de Nueva Zelanda, o el 37%, fueron infectados por la Psa-V (una de las varias cifras negadas por el ministerio en su defensa).
Este es el principal argumento sobre que el ministerio no consideró adecuadamente los riesgos concretos que suponía la importación de polen de kiwi para Nueva Zelanda cuando un importador solicitó la importación de polen de kiwi de China. Ello incluía la adecuada comprobación de si el polen de kiwi podría ser portador de la bacteria Psa, y no tomó ninguna medida tras haber sido alertado mediante una notificación formal sobre el brote de una cepa virulenta de la bacteria Psa en Europa.
"Al tomar atajos, el Ministerio de Industrias Primarias no fue capaz de identificar y considerar el hecho de que el polen comercial siempre está contaminado con material vegetal y fracasó al no identificar el riesgo de que la Psa pudiera introducirse por medio del polen infectado", asevera Cameron.
El ministerio, por su parte, asegura que "no 'permitió' la entrada de la Psa al país aprobando la importación de polen en Nueva Zelanda. Varios de los estudios no son concluyentes en cuanto a la vía de entrada de la bacteria en Nueva Zelanda".
En la defensa del ministerio se alega que "no existían pruebas científicas de que en aquel momento la Psa pudiera transmitirse mediante el polen" y que "los funcionarios del Ministerio de Industrias Primarias" eran conscientes del riesgo de contaminación del polen por bacterias y otras plagas, pero no de ningún riesgo de transmisión".
Además, arguye que tiene inmunidad ante los procedimientos civiles por las medidas tomadas en el marco de la Ley de Bioseguridad. En su lugar, las pérdidas se cubren con una indemnización legal para los productores que asciende a 25 millones de dólares, compensados por igual aportación por parte de la industria.
Al parecer de los demandantes, no es suficiente, pues muchos productores no han empezado hasta ahora a recuperar los niveles de producción anteriores a la Psa, y siguen teniendo una deuda superior a lo que ganan para sobrevivir.
"La bioseguridad es una función imprescindible para Nueva Zelanda y nuestros productores primarios y nuestra economía tienen una fuerte dependencia del Ministerio de Industrias Primarias para proteger nuestras fronteras", continúa Cameron. "Tenemos el firme convencimiento de que el Ministerio de Industrias Primarias tiene la obligación de cuidar de la industria del kiwi cuando lleve a cabo sus funciones de seguridad de fronteras en cumplimiento de la Ley de Bioseguridad".
Zespri no participa en la demanda, haciendo referencia a sus declaraciones iniciales en 2014, en las que afirma que la industria prosperará trabajando con el Gobierno, no en su contra.
"En última instancia, fue decisión de los productores participar en la demanda y respetamos la decisión de los productores de hacerlo, y ahora darán audiencia a su caso", declara la portavoz de Zespri, Rachel Lynch.
El juicio comenzará el 7 de agosto en Wellington.