La asociación de agricultores Agama Bajo Guadalquivir, integrada a nivel nacional en la Unión de Uniones, critica que la campaña del tomate de industria ha empezado con la estela de la anterior, con unos precios planteados por las corporaciones que no consiguen cubrir costes de producción.
Agama explica que la campaña 2026, apenas iniciada, ya presenta signos de seguir la crisis que caracterizó 2025. En la campaña pasada, el precio rondó los 100 €/t y, además, se sumaron diversos condicionantes de cultivo como la climatología y la incidencia desmesurada de plagas y enfermedades, que a la postre generó una falta de rentabilidad final y donde muchas explotaciones se vieron abocadas a poner dinero propio sobre el cultivo.
En la actual campaña recién iniciada, a día de hoy, tan solo la empresa Conesa ha facilitado precio de salida de compra de la producción en 105 €/t, mientras que Sugal, la otra empresa compradora, no se ha manifestado aún. Por otra parte, en Extremadura, principal zona productora nacional, la industria igualmente está ofreciendo contratos de compra de la producción al precio de 107 €/t, caso que igualmente se está denunciando por parte de los agricultores extremeños, quienes, a través de un estudio de la Universidad encargado por su Consejería cifra el coste de la producción en 112 €/t.
Agama lamenta que se estén aceptando precios que se saben ruinosos, que la ley de la cadena alimentaria siga sin cumplirse.
Cláusulas abusivas de la industria
La organización también pone énfasis en ciertos aspectos que se están dando en las contrataciones por parte de la industria, como la coacción que supone sobre los agricultores el incluir cláusulas que se entienden abusivas en los contratos o situaciones que darían lugar a pensar a una fijación de precios por parte de toda la industria, utilizándose así una posición de dominio y mermando la capacidad de negociar de los productores.
Con esta situación que asfixia al sector, Agama pide a los agricultores que no firmen a precios por debajo de costes y, por otro, hace un llamamiento a la industria a cumplir la ley.
Finalmente insiste a la Administración que ponga las medidas necesarias para evitar esta situación y el abandono de un cultivo fundamental en el Bajo Guadalquivir, y así lo exigirá la organización, denunciando cualquier práctica desleal que se intente imponer a los agricultores.
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