Los programas FEAGA y FEDER ponen al alcance 2.500 millones de euros hasta 2020 para el sistema agroalimentario y el medio rural de la Comunidad Valenciana. Hay un goteo constante de jubilaciones de ingenieros agrónomos cuyas plazas se amortizan sin haber previsto un relevo generacional. Para una correcta gestión y justificación de las ayudas es necesario el trabajo de técnicos especializados, como son los ingenieros agrónomos.
Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos hace tiempo que venimos advirtiendo y denunciando la preferencia por incorporar a las plantillas de las Consellerias funcionarios de la Administración general a costa de los funcionarios de la Administración especial. Ello, unido al goteo constante de jubilaciones de funcionarios con una larga trayectoria en la Administración, cuyas plazas se amortizan sin haber previsto un relevo generacional, está provocando una pérdida constante de know how. Tanto en un caso como en el otro desaparecen profesionales con un altísimo valor técnico y una visión estratégica imprescindible por su visión de conjunto del sistema agroalimentario y medioambiental valenciano y su perspectiva histórica. Nos consta que los nuevos responsables de la Conselleria de Agricultura son conscientes de esta circunstancia y que su voluntad es ponerle remedio.
Una adecuada gestión de las ayudas europeas
Evidentemente, este hecho tiene consecuencias. La que más nos preocupa, por ser un problema que se debe resolver a muy corto plazo, es la gestión de las ayudas europeas. El sector agroalimentario valenciano y su medio rural sigue siendo receptor de fondos europeos. Nuestras estimaciones groso modo son que durante este periodo (hasta el año 2020) se pueden “inyectar” al sistema agroalimentario y al medio rural unos 500 millones de euros cada año mediante distintos programas (FEAGA y FEDER).
Estos fondos que nos llegan no son ni un “regalo” ni tampoco para "hacer lo que nosotros queramos"; sirven para cumplir una serie de objetivos económicos, medioambientales y sociales, siguiendo unas directrices comunitarias concretas; es decir, Europa moviliza fondos para que alcancemos unos objetivos y lo hagamos cumpliendo una serie de condiciones.
Teniendo en cuenta que estos objetivos y estas instrucciones son comunes para los 28 países miembros, la labor que se tiene que hacer en las Administración más próximas al territorio receptor es absolutamente imprescindible para articular y controlar un reparto de fondos coherente con el sistema agroalimentario y con el medio rural particular de cada zona, además de demostrar a Europa que se ha hecho bien.
Es en esta labor donde el papel de los ingenieros agrónomos en la Administración es imprescindible y debe ser indelegable.
¿Qué puede pasar si no se cumplen estas dos demandas?
Por una parte, si la Administración autonómica no cuenta con suficientes efectivos técnicos no va a poder gestionar ni controlar los fondos que nos llegan y, por lo tanto, vamos a tener que renunciar a “repartir” parte de estos 500 millones de euros al año. A nadie se le escapa que no estamos en condiciones de perder ni un céntimo destinado a mejorar nuestra economía y bienestar.
Y por la otra, si se asigna estas funciones técnicas a personal no especializado, lo normal es que la gestión de las ayudas no se lleve a cabo de manera correcta, con las consiguientes multas, correcciones financieras y pésima imagen. Contar con los funcionarios adecuados es, claramente, una inversión y no un gasto.
Pero debemos destacar que la falta de ingenieros agrónomos en la Administración autonómica se extiende a otras áreas, en las que el capital humano especialista es vital para el sector agroalimentario y la protección del medio ambiente. Las infraestructuras rurales, planificación hídrica de los regadíos, el fomento de la calidad agroalimentaria, la ordenación del territorio, la prevención y control de la contaminación, la preservación del medio ambiente, la gestión de residuos y la sanidad vegetal son áreas en las que resulta patente la falta de ingenieros agrónomos.
Aún estamos a tiempo de poner solución
Estamos a tiempo de poder paliar en cierta medida esta grave situación en la próxima oferta de empleo público. Confiamos en que se sustancie la intención política de hacerlo.
Es imprescindible para la economía valenciana en general y para su sector agroalimentario y medioambiental en particular que la administración autonómica invierta en recursos humanos debidamente cualificados para no lastrar todavía más unos sectores productivos con umbrales de rentabilidad muy bajos pero con una insustituible función social y vertebradora del territorio.
No podemos dejar pasar oportunidades que contribuyan a nuestro desarrollo ni ser incapaces de hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre los sectores donde los ingenieros agrónomos desarrollamos nuestra actividad. No nos lo podemos permitir.