La cadena de suministro de los cultivos es extremadamente vulnerable a la implicación de la mafia, añade el informe.
Los tomates italianos representan más del 60% de todos los que se venden en el Reino Unido, y la ETI advierte de que la revelación de condiciones inaceptables en el sector podría dañar la reputación de los compradores británicos.
El informe de la ETI "Contrarresto de la explotación de los trabajadores ilegales en la producción de tomates italianos" publica que, a pesar de los intentos anteriores de sanear el sector, la mano de obra inmigrante del sector italiano de los tomates aún está controlada por capataces ilegales.
Estos capataces, conocidos como "caporali", siguen contratando a trabajadores inmigrantes, aunque Italia prohibió el sistema de caporalato en 2011.
El informe añade que el acaparamiento de tierras, el fraude, la contratación ilegal, la explotación laboral y el transporte ilegal significan que la mafia "podría interceptar y colonizar cada paso de la creación de valor". Más del 25% de todos los activos confiscados a las organizaciones mafiosas son terrenos, plantaciones y negocios conectados con el sector agroalimentario, según el informe.
Este control ilegal de una gran parte del mercado de la mano de obra podría repercutir en los minoristas británicos que quieren estar seguros de que su cadena de suministro está libre de abusos, añade la ETI.
Los trabajadores extracomunitarios resultan afectados de forma desproporcionada por el sistema de capataces ilegales, ya que trabajan durante muchas horas para cobrar un 40% menos que el salario mínimo legal.
"En las regiones más afectadas por los problemas de explotación laboral, las condiciones de vida pueden ser nefastas, y muchos trabajadores temporeros extranjeros viven en edificios abandonados o barrios pobres", explica el informe.
Los minoristas británicos generalmente compran tomates de las plantas de procesado italianas, afirma la ETI. Sin embargo, añade que los minoristas del Reino Unido tienen el poder y la influencia para actuar y deberían comprobar urgentemente su cadena de suministro, priorizar las regiones con mayor riesgo de explotación de trabajadores inmigrantes y evaluar los salarios pagados y las horas trabajadas.
La organización recomienda que "las enseñas evalúen cómo afectan sus términos de compra a la situación y si se impulsan los estándares bajos".
La organización añade que los minoristas internacionales no pueden asumir toda la responsabilidad de cambiar este sistema y que los procesadores y cooperativas de tomates de Italia también deben examinar sus cadenas de suministro en busca de abusos.
La ETI también ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que proporcionen una mayor protección legal a los trabajadores, que impongan sanciones si la UE las recomendara y que aumenten las inspecciones de trabajo.
Aunque oficialmente hay 116.000 trabajadores agrícolas inmigrantes en Italia, las cifras extraoficiales sugieren que puede haber hasta 500.000 en el país.
Fuente: www.supplymanagement.com