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El coronavirus pone en riesgo a los trabajadores agrícolas latinos en EE. UU.

La seguridad de los trabajadores agrícolas en EE. UU. está viéndose fuertemente condicionada por la expansión del coronavirus en el país. Los trabajadores, la mayoría latinos, viven en alojamientos cerrados, durmiendo en literas y compartiendo baños y cocinas. Viajan a los campos en autobuses abarrotados y a menudo trabajan en grupos. Y aunque los empleados de las explotaciones agrícolas son considerados trabajadores esenciales, suelen no tener seguro médico o licencia paga por enfermedad.

Bajo estas condiciones, las fincas ya han informado de brotes entre cientos de trabajadores en estados como California, Washington, Florida y Michigan. Sin embargo, el gobierno federal no ha establecido ninguna normativa para proteger a los trabajadores agrícolas del coronavirus o para instruir a los empleadores sobre lo que deben hacer cuando se enferman.

Mientras que organizaciones de defensa de los trabajadores migrantes dicen que esto permite a las explotaciones agrícolas aprovecharse de sus trabajadores, estas aseguran que están haciendo lo que pueden para proteger a los trabajadores con los recursos limitados que tienen. Lo cierto es que la situación no está clara, expresó Alexis Guild, director de políticas y programas de salud de Farmworker Justice.

La responsabilidad de las explotaciones agrícolas
A nivel nacional, ha habido al menos 3.600 casos de trabajadores agrícolas que han dado positivo por la COVID-19, según los informes de los medios de comunicación reunidos por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas. A esto hay que añadir que tanto los empleadores como los trabajadores agrícolas reconocen que incluso las intervenciones más básicas para frenar la transmisión –el distanciamiento social y el uso de mascarillas–  a menudo no son factibles, al trabajar a altas temperaturas.

Si bien el Departamento de Trabajo no ha ofrecido normas federales de seguridad ejecutables para la COVID-19, sí colaboró con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para elaborar un conjunto de pautas voluntarias y específicas para la agricultura.

Otras sugerencias de los CDC y el Departamento de Trabajo, orientadas más hacia las factorías de procesamiento de alimentos, como las plantas de empaque de tomates, incluían la instalación de mamparas plásticas si no es posible que haya una distancia de 2 metros entre los trabajadores, la instalación de estaciones de lavado de manos y la provisión de equipos de protección personal o cubiertas de tela para la cara.

Los activistas dicen que estas directrices son sólidas, en teoría. Su defecto más evidente es que son voluntarias. “No creemos que la salud y la seguridad de los trabajadores deban dejarse a la buena voluntad de los empleadores”, señaló María Perales Sánchez, coordinadora de comunicaciones del Centro de Los Derechos del Migrante, una organización con oficinas en México y en los Estados Unidos.

 

Fuente: efeagro.com


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