El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que son constitucionales las cláusulas séptima, octava, decimoprimera, vigésima, vigésima primera, vigésima sexta y vigésima octava del contrato ley n.º 36-2017, suscrito entre el estado y la empresa Banapiña de Panamá, S.A., aprobado mediante ley n.º 28 del 25 de mayo de 2017, las cuales fueron demandadas por productores de Barú, provincia de Chiriquí.
En concreto, la séptima cláusula demandada es la que le da el derecho a la empresa Banapiña de operar, rehabilitar y acondicionar todo el sistema de riego que utilizaba el anterior operador (Chiquita) en Barú, y por el cual pagará un dólar por hectárea por año, para el suministro de agua e irrigación de las plantaciones por los primeros 20 años.
Con el contrato, la empresa tiene el derecho de extraer esta agua de los ríos Chiriquí Viejo, Palo Blanco y el Canal Colorado, en el sector de Barú, y los ríos Chiriquí Viejo y Gariché, en el sector de Divalá, incluyendo las perforaciones de pozos para la extracción de aguas subterráneas. En el contrato se indica que “el Estado reconoce que para el desarrollo de las actividades de la empresa el estimado del requerimiento hídrico para el riego es de 4,2 m³ por hora por hectárea para la época seca, y para uso agrícola de 150 galones por minuto durante todo el año en cada una de las empacadoras”.
“Es mucha agua. Son 4.2 metros cúbicos de agua por hora por hectárea por los 365 días del año”, responde Martín Wilcox, presidente de la Asociación de Campesinos Protierra de Barú, tras ser consultado por Prensa Panamá. Añade que esta demanda la presentaron los poseedores agrarios, “porque así es como se establece la definición en el artículo 150 de la Ley 55 del Código Agrario de 2011”. Estos productores continúan trabajando en las 1.951 hectáreas ubicadas en el corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado de Barú, que aseguran cultivan desde 1998 con la producción de banano, papaya y otros productos, pero que la pasada administración decidió quitárselas para darla en concesión a la empresa Banapiña.
En noviembre de 2018, después de la firma del contrato con la empresa, se destruyeron unas 200 hectáreas de plantaciones entre plátano, papaya y aguacate de los productores tras una orden de la juez de paz para pasarle los terrenos a las empresas, dijo Wilcox.
Sin embargo, ellos reconstruyeron el terreno y continúan trabajando para suministrar productos a la demanda nacional, agregó.
Este contrato fue adjudicado a Banapiña con el objeto de reactivar la actividad bananera en el área de Barú para potenciar el desarrollo económico y social. Tras el acuerdo, la empresa cultiva las 1,770 hectáreas de propietarios individuales de Barú donde produce banano. Se proyectaba una inversión de $100 millones y la generación de empleos.
Fuente: prensa.com
