La Interprofesional Citrícola Española denuncia "la alarmante pérdida de crédito en materia de seguridad alimentaria que está sufriendo la Unión Europea por su pasividad ante las reiteradas alertas sanitarias con las importaciones de cítricos turcos".
Efectivamente, desde enero hasta el 27 de octubre, los cítricos de Turquía acumulaban 181 notificaciones, 16,4 veces más que las registradas en todo 2019 (11) y mucho más del doble que las de 2020 (75). En todos los casos se trata de partidas en las que se acreditó la presencia de pesticidas por encima del límite máximo de residuos (LMR) o en las que se detectaron otros plaguicidas no autorizados por la UE por su toxicidad para el hombre o impacto medioambiental.
Turquía y Egipto acaparan el 90,4% del conjunto de alertas del RASFF registradas por tales motivos (226 de las 250) en el periodo citado. Y el problema más veces repetido es con el grupo de insecticidas de la familia del clorpirifos: hasta un 66% de las alertas se refieren a lotes en los que se detectó la presencia de alguna de estas sustancias prohibidas en la UE (metil-clorpirifos, clorpirifos o clorpirifos-etil).
"La primera reacción de la Comisión Europa (CE) ante los reiterados incumplimientos de los cítricos turcos se produjo en mayo de 2020 cuando se pasó a considerar a sus mandarinas y naranjas como ‘productos de riesgo’ y se ordenó desde entonces inspeccionar en frontera el 10 y el 5%, respectivamente, de los lotes importados. Ayer, precisamente y ante la contundencia de los datos, la CE decidió elevar este porcentaje hasta el 20% de las partidas de mandarinas, naranjas y ahora también, de limones turcos. De cualquier modo, Intercitrus considera que tal porcentaje sigue siendo muy bajo, y reitera la evidencia de que el restante 80% de mercancía no controlada, por lógica, está siendo producida con los mismos estándares y conteniendo los mismos niveles de residuos. Esto es, siguen suponiendo una amenaza para la salud de los consumidores europeos".
"La situación generada con Turquía contrasta con las relaciones que mantiene la gran distribución europea con los exportadores españoles, a los que imponen protocolos en materia de residuos mucho más exigentes, con LMR hasta un 70% más bajos que los oficiales, reclamando cumplir conceptos no regulados por la UE (como aplicar una suma máxima de LMR por muestra en porcentaje)".
"La UE, más allá de lo dicho, mantiene otra 'doble moral' igualmente cuestionable: con programas como 'De la granja a la mesa' pretende forzar al agro a reducir un 50% en los próximos 8 años el uso de fitosanitarios y, mientras, permite que los pesticidas ya prohibidos en el mercado comunitario –como el propio clorpirifos– se sigan produciendo en su territorio y exportando a países terceros como los mencionados", remarca Intercitrus.