Siete personas están siendo investigadas y una de ellas ha sido detenida por su implicación en un grupo criminal presuntamente dedicado a la introducción y comercialización de productos fitosanitarios ilegales, procedentes de China. Así se ha saldado Phytes, una operación conjunta la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que arrancó en 2022.
El inicio de la investigación se remonta al año 2022, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectó la entrada de sobres aluminizados desde China, a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sospechosos de contener mercancía ilegal. Más tarde, el grupo comenzó a importar productos también por vía marítima, a través del puerto de Valencia.
Al conocer que la empresa comercializadora estaba asentada en la Región de Murcia, se realizaron vigilancias y controles a los miembros del grupo criminal con el objetivo de localizar el lugar donde se almacenaban y distribuían los productos.
Así fue como localizaron una nave industrial en San Javier, donde se recontaron y extrajeron muestras de los productos. En respuesta, los investigados simularon el robo de los productos, que denunciaron en juzgados, aunque la realidad es que los trasladaron a otros dos enclaves en San Javier y a una nave porcina en desuso en la pedanía murciana de Los Dolores.
Los registros dieron como resultado la incautación de casi 24 toneladas de fitosanitarios, líquidos y sólidos, valorados en 800.000 euros, así como documentación relacionada con el entramado delictivo.
Parte de los fitosanitarios incautados no tenían etiquetado, estaban mal envasados y no tenían autorización para su venta, aunque se cree que la red los vendía a la mitad de precio del mercado, hecho que además implicaría competencia desleal.
A la cabeza de la organización estaría una mujer de 43 años y nacionalidad rumana que habría acumulado un importante patrimonio inmobiliario y automovilístico. Para evitar pagos y represalias, la mujer simuló donaciones y transferencias de viviendas y vehículos a su madre y a otros personas de su confianza. También han sido incautados dos vehículos empleados para el transporte de la mercancía y se han bloqueado de forma preventiva tres viviendas y una auto caravana.
A los investigados, dos mujeres y cinco hombres, de nacionalidades rumana, española y colombiana, se les imputan delitos de contrabando, contra la salud pública, contra la propiedad industrial, contra los recursos naturales y el medioambiente, así como de alzamiento de bienes, de simulación de delito y de pertenencia a organización criminal. Los sospechosos y los productos incautados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier.
Fuente: orm.es