En un fallo emitido por un juez del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, se ha determinado que Chiquita Brands deberá indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares de las subregiones colombianas del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, pues en 2007, la multinacional había admitido haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde 1997 hasta 2004. Los montos de compensación económica se estiman entre 2 y 2,7 millones de dólares por víctima.
Según Earth Rights International, representante de los demandantes, el juez falló a favor de ocho de las nueve víctimas, estableciendo la responsabilidad civil de la empresa por los delitos cometidos por las AUC en las mencionadas subregiones. El litigio, que comenzó en 2007, se basó en demandas civiles de víctimas de los hechos vinculados al proceso criminal que culminó ese mismo año con la confesión de Chiquita.
En el juicio, que duró seis semanas, se escucharon los testimonios de exjefes de las AUC y otros testigos, entre ellos un exoficial de la CIA. "Es la primera vez en Estados Unidos que un jurado responsabiliza a una gran corporación americana por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país, marcando un hito en la justicia", afirman desde la organización de los demandantes. Earth Rights International destacó la admisión de hechos por parte de los delegados de la empresa que cuestionan la narrativa de su defensa, especialmente en lo referente a la significancia de los pagos realizados a las AUC.
Chiquita Brands, fundada en Estados Unidos en 1899 con el nombre de United Fruit Company, es una de las principales distribuidoras de bananos en ese país. A lo largo del proceso, la empresa sostuvo que los pagos a las AUC fueron resultado de extorsiones y necesarios para proteger la vida de sus trabajadores en Colombia. Sin embargo, los demandantes argumentaron que Chiquita decidió mantener sus operaciones en regiones controladas por paramilitares, beneficiándose significativamente de ello.
El proceso sufrió retrasos en parte porque, en 2011, Chiquita alegó que el caso debía juzgarse en Colombia y no en EE. UU. En Colombia, la relación entre Chiquita y los paramilitares sigue siendo objeto de investigación, con más de 7.000 acciones legales presentadas en relación con este caso.
Fuente: elpais.com