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"Nueva Zelanda: Las acusaciones de colaboración "ilegal" indican que no todo funciona bien en la industria del kiwi"

Las acusaciones del anterior personal sénior de Turners and Growers de que el proceso de solicitud de Kiwifruit New Zealand para realizar acuerdos de colaboración de comercialización con Zespri "carece de transparencia, equidad e integridad" son indicios adicionales de que no todo funciona bien en la industria del kiwi, según ha declarado Robin Grieve, portavoz del partido político ACT Nueva Zelanda 

El anterior gerente de desarrollo de Turners and Growers, Murray Malone, y el anterior director gerente de Turners and Growers, Jeff Wesley, le contaron al periódico rural Straight Furrow que los acuerdos de colaboración de Nueva Zelanda podrían ser vistos como una conspiración a los ojos del comercio internacional.

Dicen que bajo el proceso de acuerdos de colaboración de comercialización están "forzados a conspirar con Zespri para fijar los precios y dominar la posición de mercado". Aunque en Nueva Zelanda no es ilegal, "lo más probable es que sea legal en algunos de los mercados meta en los que se vende la fruta, entre ellos China".

“Los productores de la industria del kiwi se han enfrentado a grandes desafíos en los últimos tiempos y imperativo que sus beneficios económicos no se ven comprometidos por un sistema de comercialización ineficiente y disfuncional que lleva las huellas del Gobierno por todas partes", asegura Grieve.

“El Gobierno ha impuesto un sistema de comercialización monopolístico en la industria y después se ha marchado y ha dejado a Zespri sin una supervisión adecuada. Ahora los problemas se están acumulando".

“Sin la opción de llevarse sus negocios a algún otro lugar, los productores están atrapados. Es hora de que el Gobierno, que denegó a los productores la libertad de vender sus productos en otros lugares, asuma sus obligaciones de forma más seria.

“ACT ha estado exigiendo al ministro Nathan Guy que abra una investigación independiente a Zespri, ya que fue condenada en China por contrabando. ACT ha exigido que la investigación incluya las acusaciones de los productores, que aseguran estar sometidos a intimidaciones y ocultación de datos por parte de la empresa.

“El ministro les debe a los productores iniciar una investigación para garantizar que sus regulaciones no estén apoyando un sistema de comercialización que está costando dinero a los productores y posiblemente los esté obligando a actuar de forma ilegal, asevera Grieve.

Fuente: scoop.co.nz

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