La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha finalizado el informe que determinará qué agricultores podrán acogerse a las ayudas para el abandono de cultivos contempladas en el Acuerdo por Doñana, firmado en noviembre de 2023 por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Este informe constituye un paso previo a la publicación de la orden ministerial correspondiente, prevista para finales de este mes, según el calendario manejado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Uno de los objetivos clave del informe es evitar que las ayudas se conviertan en una regularización encubierta de terrenos que hayan utilizado de forma ilegal los recursos hídricos del acuífero. El documento establece mecanismos para impedir que quienes hayan infringido la normativa puedan beneficiarse de estas subvenciones por abandonar parcelas no legalizadas.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado que los plazos siguen su curso y que se mantiene la previsión de publicar la orden en la última semana del mes. En cualquier caso, el borrador de la norma especifica que los beneficiarios deberán ser titulares de derechos reales sobre los terrenos o de explotaciones inscritas en los registros correspondientes.
Además, el artículo 6 de la futura orden establece que no se podrán ejecutar actuaciones en terrenos con sanciones por infracciones urbanísticas, ambientales o relacionadas con el dominio público hidráulico. La existencia de sanciones pendientes excluirá temporalmente a los afectados hasta que se satisfagan completamente las cuantías impuestas. La prohibición se mantendrá mientras persistan las circunstancias establecidas en las resoluciones sancionadoras.
Con ello, se intenta frenar las críticas que ven en estas ayudas una forma de amnistía para explotaciones ilegales. El objetivo del programa es la renaturalización de zonas agrícolas en el entorno del Parque Nacional de Doñana mediante el abandono definitivo de los cultivos.
Estas ayudas estarán disponibles tanto para agricultores en situación irregular como para aquellos que, por otras razones, decidan cesar su actividad. En ningún caso, las subvenciones podrán superar los 100.000 euros por hectárea, y la prima anual se abonará durante un máximo de doce años desde la concesión. De esta cantidad, el Estado asumirá hasta 70.000 euros, y el resto será financiado por la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, en el caso de explotaciones situadas en dicha provincia.
El consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha advertido que si el Gobierno no publica la orden en el plazo previsto, la Junta lo hará por su cuenta "sin más dilación".
Fuente: diariodesevilla.es
