A pocos meses de que prescribiera el caso, el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia dictó sentencia contra siete antiguos directivos de Chiquita Brands, condenándolos a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. La decisión se relaciona con el financiamiento que la empresa estadounidense realizó a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Además de la pena de prisión, la sentencia impone una multa de 13.879 millones de pesos y la emisión de órdenes de captura inmediata. El juez negó expresamente la posibilidad de conceder prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.
Los exdirectivos de Chiquita Brands sentenciados son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.
En el fallo, el magistrado subrayó que "la financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y la paz social", y añadió que el flujo de dinero proporcionado a las AUC "prolongó su capacidad operativa y el riesgo de nuevos crímenes".
La resolución judicial también lanza una crítica directa al papel de la Fiscalía, a la que acusa de una actuación "sumisa, superficial y carente de rigor", señalando que dicha conducta afectó tanto a las víctimas como a los principios de eficacia y buena fe de la función pública.
Antecedentes del caso
Chiquita Brands International, multinacional dedicada a la producción y comercialización de banano, fue hallada responsable por financiar a las AUC en un proceso civil desarrollado en Estados Unidos. Hace poco más de un año, una corte estadounidense concluyó que la empresa transfirió más de 1,7 millones de dólares a tres bloques paramilitares entre 1997 y 2004, bajo la justificación de obtener "seguridad privada".
Aunque la empresa argumentó que dichos pagos eran una medida de protección frente a extorsiones, la representación legal de las víctimas sostuvo que Chiquita pactó conscientemente con grupos responsables de crímenes de lesa humanidad.
El fallo de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida estableció que Chiquita brindó "asistencia sustancial" a las AUC, no solo en términos económicos, sino también mediante otras formas de apoyo.
Este proceso legal se prolongó durante 17 años y se vio fortalecido por las investigaciones periodísticas del colombiano Ignacio Gómez, así como por documentos desclasificados del National Security Archive (NSA). El periodista Michael Evans revisó cientos de archivos que confirmaron los pagos canalizados a través de las organizaciones conocidas como Convivir.
"Ha sido derrotada la empresa en el proceso civil adelantado en EE. UU. Un triunfo de las víctimas y de su persistencia por la verdad y la memoria", declaró en su momento Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad.
Fuente: elcolombiano.com
