La empresa bananera Chiquita comenzará en septiembre la contratación de los primeros 3.000 trabajadores para sus fincas en Bocas del Toro, luego de suspender temporalmente sus operaciones, confirmó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, a La Estrella de Panamá.
El plan contempla incorporar a 2.000 trabajadores adicionales en febrero de 2026, alcanzando un total de 5.000 empleados en menos de seis meses. El retorno paulatino comenzará con un estudio de las fincas por parte de ingenieros de la empresa, quienes evaluarán las condiciones de plantaciones y determinarán qué tipo de mano de obra se necesitará, por ejemplo para limpieza y mantenimiento de plantas.
La medida se enmarca en un memorando de entendimiento firmado el 29 de agosto entre Chiquita y el Gobierno panameño, tras la suspensión de operaciones derivada de las protestas de mayo y junio en la provincia de Bocas del Toro, que afectaron económicamente a la compañía.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, precisó que la contratación comenzará tras la verificación del estado de las fincas. Arias destacó que el regreso de Chiquita "es un logro" para Panamá, y subrayó que la empresa optó por quedarse en el país pese a ofertas de otros países, debido a la calidad de la tierra panameña.
El acuerdo también prevé la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa para supervisar el cumplimiento de los compromisos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el acuerdo devolverá estabilidad a Bocas del Toro y permitirá centrarse en la producción, la inversión y la generación de empleo.
Por su parte, Carlos López Flores, presidente de Chiquita, aseguró que la compañía operará bajo un modelo más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Arias indicó que el retorno de Chiquita se da bajo nuevas condiciones para evitar problemas como los que llevaron a la suspensión previa, cuando la huelga de trabajadores le ocasionó pérdidas estimadas en 75 millones de dólares y fue declarada ilegal por un tribunal laboral. Según la ministra Muñoz, el sindicato no informó a sus miembros de esta resolución.
Fuente: laestrella.com.pa
