El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebrará el próximo martes 1 de julio una audiencia clave para revisar la decisión de la Comisión Europea de retirar la autorización del mancozeb, un fungicida ampliamente utilizado en el control del tizón tardío o mildiu en el cultivo de patata.
La demanda presentada cuestiona que dicha retirada se basó en criterios desactualizados, sin tener en cuenta las directrices más recientes sobre clasificación toxicológica emitidas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Según denuncian desde la organización agraria Copa-Cogeca, esta omisión podría haber influido de forma determinante en la evaluación del riesgo del producto.
El debate se produce en un momento crítico para el sector agrícola europeo, que enfrenta una creciente presión por parte de nuevas cepas del patógeno causante del mildiu. Las infecciones se están adelantando a etapas tempranas del cultivo, incluso antes de que concluyan las labores de siembra en algunas regiones. La virulencia de estas nuevas variantes está superando tanto las capacidades actuales de los fungicidas como los avances obtenidos mediante la mejora genética.
Hasta su prohibición en 2020, el mancozeb se había consolidado como una herramienta esencial dentro del manejo integrado de plagas (MIP), debido a su acción multisitio, su rentabilidad y su papel clave en la prevención del desarrollo de resistencias. Su retirada dejó un vacío que no ha podido ser cubierto por los productos alternativos disponibles, muchos de los cuales son fungicidas de acción específica que han comenzado a perder eficacia.
Desde entonces, el sector ha reforzado sus esfuerzos por avanzar hacia soluciones más sostenibles, como el Plan de Acción 2024 impulsado por Copa y Cogeca. Esta estrategia busca acelerar la adopción de variedades resistentes, mejorar la colaboración entre los distintos eslabones de la cadena de valor y optimizar el uso de herramientas del MIP. Sin embargo, las condiciones en el campo siguen siendo cada vez más difíciles.
Por este motivo, la audiencia del 1 de julio se considera decisiva no solo desde el punto de vista jurídico, sino también como una prueba de la capacidad de las instituciones europeas para tomar decisiones basadas en la evidencia científica más actualizada y alineadas con las necesidades del sector agrícola.
Desde Copa y Cogeca se insiste en la necesidad de garantizar que los agricultores europeos conserven el acceso a herramientas eficaces para el control de enfermedades, sin comprometer los estándares de seguridad, salud y sostenibilidad establecidos por la Unión Europea.
Fuente: revistacampo.es
