El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró el pasado 1 de julio una audiencia clave en el marco del procedimiento C-262/23 P, centrado en la posible reautorización del mancozeb, un fungicida retirado en 2020 por su clasificación como sustancia reprotóxica. El caso podría marcar un punto de inflexión en la política fitosanitaria comunitaria.
El recurso, promovido por distintas organizaciones agrícolas y técnicas, cuestiona la validez de la decisión de la Comisión Europea al considerar que no tuvo en cuenta las directrices actualizadas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Estas nuevas orientaciones científicas podrían haber afectado de forma significativa la evaluación del riesgo de la sustancia activa.
La retirada del mancozeb dejó a muchos agricultores europeos sin una herramienta clave frente al mildiu de la patata (Phytophthora infestans), una enfermedad que ha cobrado fuerza en los últimos años. Actualmente, el hongo está mostrando una expansión más temprana de lo habitual, incluso antes de que finalice la siembra en algunas regiones del norte y este de Europa, y se han detectado cepas más agresivas capaces de superar la resistencia genética de las variedades cultivadas y la eficacia de los fungicidas monositio disponibles.
Los impulsores del recurso sostienen que la Comisión actuó basándose en criterios desactualizados, lo que podría invalidar su decisión y abrir la puerta a una reautorización total o parcial del mancozeb en la UE. La posible reincorporación de esta sustancia genera expectativas entre los productores de patata, tomate o vid, cultivos en los que este fungicida multisitio era considerado una herramienta fundamental para la gestión integrada de plagas, por su eficacia, bajo coste y contribución a prevenir resistencias.
Desde su prohibición, los agricultores se enfrentan a un abanico más limitado de opciones, con tratamientos cuya efectividad se deteriora con rapidez ante la evolución del patógeno. Esto ha derivado en mayores costes, incremento de la presión fitosanitaria y, en algunos casos, pérdidas en los rendimientos.
El fallo del TJUE, previsto en los próximos meses, podría no solo influir en el futuro legal del mancozeb, sino también en la forma en que la ciencia es integrada en los procesos regulatorios europeos. La vista ha reavivado el debate entre los objetivos medioambientales de reducción de pesticidas y la necesidad de dotar al sector agrario de soluciones eficaces frente a amenazas sanitarias crecientes.
Fuente: agronewscastillayleon.com
