La relación comercial entre Perú y Chile enfrenta una nueva tensión, esta vez motivada por una alerta fitosanitaria que involucra a la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata), una plaga de alto impacto para los cultivos frutales. Parlamentarios chilenos han denunciado oficialmente que el insecto habría ingresado al país desde el norte de Perú, comprometiendo la sanidad vegetal y la competitividad de los productores locales.
El Congreso chileno remitió un oficio al Ministerio de Agricultura solicitando un refuerzo inmediato de los controles fronterizos y la aplicación de sanciones severas a los embarques contaminados. La presión proviene especialmente desde la región de Arica y Parinacota, donde se concentran las mayores restricciones por cuarentena fitosanitaria.
El senador José Durana expresó que mientras el norte chileno enfrenta medidas restrictivas para contener la plaga, Perú —al que acusa de ser origen del brote— incrementa sus exportaciones de frutas. Durana criticó que, pese a esta situación, Chile siga firmando acuerdos que facilitan el ingreso de limones, uvas y naranjas peruanas, lo que calificó como una falta de respaldo a los agricultores locales.
Gustavo Sanhueza, integrante de la Comisión de Economía del Senado, advirtió que este escenario podría poner en entredicho la reputación internacional del sector exportador chileno. A su juicio, la falta de reciprocidad comercial debilita la lógica de protección del mercado interno. El legislador afirmó que la plaga no solo daña cultivos, sino que también afecta el empleo y el crecimiento regional.
En paralelo, las exportaciones peruanas de frutas siguen llegando al mercado chileno, lo que ha generado un creciente malestar entre los productores locales. Como parte de las acciones para contener la plaga, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile trabaja en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú para establecer centros de tratamiento fitosanitario en la ciudad de Arica, con el objetivo de reducir el riesgo de rechazos en frontera.
El debate ha escalado hasta el terreno legislativo. Senadores del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) han solicitado al Ejecutivo que dé prioridad a un proyecto de ley que contempla penas de cárcel y la incautación de vehículos para quienes transporten productos contaminados. La propuesta, aún en discusión, busca endurecer el marco legal y podría tener implicaciones directas en el comercio bilateral.
Analistas advierten que la falta de soluciones consensuadas podría deteriorar el vínculo entre ambos países, cuyas economías mantienen un activo intercambio agroexportador. La situación se presenta en un contexto de alta sensibilidad para la agricultura regional, donde la sanidad vegetal es un factor clave para acceder a los mercados internacionales.
Fuente: expreso.com.pe
