La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denunció corrupción en la adquisición de tierras para el agro en 17 países de América Latina y el Caribe, tras dar a conocer un estudio realizado con cuarenta organizaciones bajo la Coalición Internacional de Tierras (CIT).
Por su parte, la CIT aseguró que las élites de cada país juegan un papel muy importante en la compra de tierras por inversionistas extranjeros y aseguró que el foco de la compra de terrenos no es solo la producción de alimentos -como a veces se sugiere- “Por ejemplo de los acuerdos por 71 millones de hectáreas que los investigadores siguieren en el estudio, el 22% fue para minería, turismo, industria y bosques y tres cuartos del resto fue para biocombustibles”.
Herencia colonial, neoliberalismo y tenencia de la tierra
Según Fernando Soto-Baquero, funcionario de políticas de la FAO (en el estudio), es responsabilidad de los gobiernos de la región "encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar".
De acuerdo con Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), "América Latina se ha caracterizado por una gran concentración de la propiedad como una herencia colonial, pese a que varios países a lo largo de la historia han implementado reformas agrarias con distintos resultados, según el informe de la FAO, en la década del 90 hubo una suerte de relanzamiento de la concentración de la propiedad de las tierras".
“Por ejemplo, en el Perú, hubo una reforma agraria a inicios de los años 70, pero bajo el mandato del presidente Alberto Fujimori se modificó la legislación, eliminando las restricciones al tamaño de la propiedad y al mercado, generando un entorno macroeconómico neoliberal que facilitó, estimuló y promovió la gran inversión con capital nacional y extranjero, marginando la agricultura familiar, que es abrumadoramente mayoritaria", sostuvo Eguren.
En ese sentido, advirtió que no se trata de los latifundios del pasado, sino de empresas modernas "dedicadas a la exportación o la producción de biocombustibles con una presencia variable de capital extranjero".
Tierras, minas y deudas
Asimismo, el informe de la FAO menciona que el fenómeno de la extranjerización conlleva un problema a nivel social, que no se limita –únicamente- a la tenencia de tierras agrícolas, sino que tiene que ver con todo el aparato productivo.
En el Perú –recientemente- se pudo ver en la región de Cajamarca, cómo un contrato con una empresa minera norteamericana (refiriendo el caso Conga) está siendo disputado -entre otras asociaciones- por productores, debido a sus posibles consecuencias ambientales.
Haciendo énfasis en la producción para las exportaciones, Eguren destacó que "ha sido mucho más importante en países como Brasil y Argentina, en donde la extranjerización en la compra de tierras ha sido mayoritaria, mencionando algunos países limítrofes como el caso de Paraguay y Bolivia, donde los más grandes terratenientes son los brasileños".
Según el investigador peruano, esta tendencia estaría cambiando en Bolivia, país perteneciente a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), comandado por Venezuela y Cuba, que cuestiona los procedimientos del capitalismo y su vertiente neoliberal.
Sobre el proceso argentino en la venta de tierras -mencionado por Eguren- Nieves Pascuzzi, responsable técnica de la Comisión de Relaciones Políticas de la Sociedad Rural Argentina, afirmó que "lo que sucedió en los 90 fue que un sector productivo cayó en un fuerte endeudamiento y en algunos casos las ventas de terrenos agrícolas soluciono el déficit económico de manera mediática".
"No hay que demonizar a países que están comprando o arrendando, sino que el Estado argentino debería controlar mejor estas adquisiciones", agregó Pascuzzi. Sin embargo, desaconseja que se prohíba la venta, por los efectos que podría tener al espantar a potenciales inversionistas.
Datos
• En el Perú se han adjudicado 20 mil de las 38 mil hectáreas del proyecto Olmos (primera subasta), de las cuales 15,6 mil Has le pertenecen a las empresas Corporación Azucarera del Perú (Coazucar) S.A y Gloria S.A., pertenecientes al mismo grupo empresarial.
• La empresa Benetton posee 300 mil hectáreas en la Patagonia – Argentina, para la producción de Algodón.
• Los países estudiados por la oficina regional de la FAO fueron Méjico, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Guyana. http://www.fao.org/docrep/014/am943e/am943e00.pdf
Fuente: Agraria.Pe